Información oficial señala que, en México, durante el año 2022, el 46 % de los casos de trata de personas detectados involucraron a menores de 18 años. Más del 70 % de las víctimas identificadas fueron mujeres y más del 80 % provenían de contextos de pobreza o marginación social.
La trata con fines de trabajo forzoso y explotación laboral afecta principalmente a mujeres, niñas, niños, migrantes y personas indígenas, siendo los sectores más vulnerables el agrícola, el doméstico y el de servicios. Este delito no implica únicamente explotación sexual, sino también diversas formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado y la explotación laboral.
La autoridad laboral colabora activamente en la identificación y erradicación de la trata de personas en los centros de trabajo a nivel nacional, mediante acciones de inspección. Estas se sustentan en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho a condiciones laborales dignas y a la protección frente a cualquier forma de explotación.
Asimismo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece que este delito puede manifestarse a través de condiciones peligrosas o insalubres, pagos desproporcionados al trabajo realizado o salarios inferiores a lo legalmente establecido.
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo define las características del trabajo digno o decente, entre las que se incluyen el respeto a la dignidad de la persona trabajadora, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la garantía de condiciones de seguridad, salud e higiene. Además, establece que la inspección del trabajo tiene por objeto vigilar el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo y asegurar condiciones justas y seguras para las personas trabajadoras.
Protocolos de inspección: herramienta clave contra la trata de personas
La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ha instrumentado el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo. Este establece que las visitas de inspección deben ser de carácter extraordinario, con enfoque multidisciplinario, realizadas por brigadas interinstitucionales que involucren a autoridades laborales, sanitarias, de procuración de justicia, desarrollo social y otras instancias competentes.
Estas visitas se enfocan en verificar que las condiciones generales de trabajo, la seguridad e higiene y la capacitación se otorguen conforme a lo establecido en la normatividad laboral. Los inspectores del trabajo están facultados y capacitados para entrevistar a las personas trabajadoras, levantar actas circunstanciadas e informar de inmediato a las autoridades competentes en caso de identificar posibles víctimas, a fin de que estas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones.
El protocolo reconoce como grupos altamente vulnerables a los trabajadores del campo, personas indígenas, migrantes, mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que las inspecciones deben realizarse con un enfoque diferencial y de derechos humanos.
¿Qué se verifica durante una inspección en materia de trata de personas?
Durante una inspección extraordinaria en esta materia, se revisa la documentación del centro de trabajo y de las personas trabajadoras, como contratos, recibos de pago, registros de asistencia y documentos de identidad. Asimismo, se realiza un recorrido por las instalaciones para verificar la inexistencia de violaciones laborales relacionadas con:
- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo;
- Trabajo infantil o forzado;
- Disponibilidad de servicios mínimos, como agua potable en el caso de trabajadores del campo;
- Condiciones adecuadas de los espacios para preparación de alimentos o albergues; y
- Libre tránsito dentro del centro de trabajo.
Además, se realizan entrevistas individuales, confidenciales y con consentimiento, para identificar posibles situaciones de coerción, amenaza o explotación.
Consecuencias legales para las empresas en casos de trata de personas o trabajo infantil
Cuando, derivado de una inspección laboral, se detectan indicios de trata de personas o trabajo infantil, las empresas pueden enfrentar consecuencias graves en distintos órdenes:
- Responsabilidad penal: Según el artículo 10 de la Ley General en la materia, las personas morales pueden ser penalmente responsables y sancionadas con hasta 50,000 UMAs, clausura temporal o definitiva, disolución y/o inhabilitación para contratar con el Estado.
- Multas administrativas: La Ley Federal del Trabajo prevé sanciones superiores a 50,000 UMAs por persona afectada en casos como uso de trabajo infantil, condiciones indignas o impedimento de la inspección.
- Procesos judiciales: Si hay elementos delictivos, se da vista al Ministerio Público. La empresa y sus contratistas pueden ser vinculados a investigaciones penales
Impacto reputacional y contractual
Las empresas vinculadas a casos de trata o trabajo infantil pueden enfrentar:
- Cancelación de contratos públicos y privados;
- Inclusión en listas negras o de observación internacional; y
- Pérdida de certificaciones laborales, éticas o de comercio justo.
Retos y avances
La implementación del protocolo ha contribuido a visibilizar prácticas que antes se consideraban simples irregularidades administrativas. No obstante, persisten desafíos como:
- Recursos económicos, humanos y técnicos limitados para las inspecciones;
- Cumplimiento desigual según el tamaño de la unidad económica;
- Lagunas legales y operativas;
- Deficiente articulación entre autoridades federales y estatales;
- Resistencia de ciertos sectores empresariales a reconocer situaciones de trata mediante subcontratistas; y
- Alta informalidad laboral.
Conclusión: de la omisión a la acción
La trata de personas no es solo un problema de seguridad o migración, sino un grave problema laboral y social.
Fortalecer la inspección del trabajo es una estrategia de justicia social que permite garantizar el trabajo digno, prevenir la esclavitud moderna y proteger a los grupos históricamente excluidos.
Combatir la trata de personas requiere del compromiso de todos los actores: autoridades, empresas, sociedad civil y ciudadanía. Solo mediante la acción coordinada será posible erradicar este delito y proteger la dignidad humana.
