¿Qué puede enseñarle una Partera Indígena a tu empresa?

Cuando una partera indígena recibe a un recién nacido, no solo cuida un cuerpo que llega al mundo. Sostiene un hilo que conecta generaciones, resguarda una lengua que se transmite desde la primera respiración, acompaña un territorio que ser recién nacido heredará. Esa sabiduría, silenciosa y milenaria, es el corazón del tema que este 2026 convoca a la humanidad entera a detenerse y escuchar.

Este 9 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas bajo el lema “Reconociendo la Partería Indígena, salvaguardando la vida y el bienestar” (CEPAL 2026). Como la fecha cae en domingo, la observancia oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se trasladó al lunes 10 de agosto, cuando se realizará la conmemoración virtual coordinada por la División de Desarrollo Social Inclusivo de la ONU (ONU DESA 2026).

El primer diálogo de esa conmemoración, “Las parteras indígenas como depositarias del conocimiento y guardianas del bienestar”, reunirá a mujeres parteras de Ecuador, Kenia, Estados Unidos y, por supuesto, México para hablar de un sistema de conocimiento vivo que hoy enfrenta amenazas de desaparición (ONU DESA 2026). Entre las voces convocadas se encuentra Dora Lucía Méndez Alfonzo, mujer Tseltal originaria de Las Rosas, Chiapas, partera tradicional con 17 años de experiencia y fundadora de varias redes de partería indígena en las Américas (ONU DESA 2026). Su presencia recuerda algo esencial, la partería mexicana no es un vestigio del pasado, sino una práctica viva que hoy dialoga tête-à-tête en foros internacionales.

La sabiduría ancestral como pieza clave, más que como folclore

Reconocer a las parteras indígenas como guardianas del bienestar obliga a reconocer algo más amplio. Los pueblos originarios han resguardado, durante siglos, sistemas completos de conocimiento sobre salud, conservación y resguardo de la naturaleza, alimentación y convivencia comunitaria, sistemas que convergen armónicamente lo cultural, lo social y lo territorial partiendo siempre de lo espiritual (CEPAL 2026). En México, más de 23 millones de personas se identifican como indígenas, pertenecientes a 69 pueblos originarios y un pueblo afromexicano (INALI 2023). Nuestros ancestros solían decir que, nuestros corazones saben qué hacer cuando el conocimiento se transmite de boca en boca, de mano en mano, de partera en partera, de generación en generación.

Lo que enseña la tierra propia

El documental “Li Cham“, ópera prima de la cineasta Tsotsil, Ana Ts’uyeb, estrenado este año en la Cineteca Nacional y ganador del Premio Ojo al Mejor Largometraje Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia, sigue a tres generaciones de mujeres tsotsiles de los Altos de Chiapas y coloca en el centro algo que la debida diligencia en derechos humanos (DDDH) vez mira de frente: la propiedad de la tierra como condición de autonomía para las mujeres indígenas (Secretaría de Cultura 2026).

Con palabras que emergen desde lo profundo del alma, una de las tres protagonistas del filme describe cómo obtener sus propias tierras le fortaleció el corazón y cómo aquellos saberes aparentemente cotidianos como moler, tortear y tejer bastan para sostener una vida plena y satisfactoria con autonomía y autoestima; ello sin depender de un hombre (Secretaría de Cultura 2026). Es una sensación que rara vez llega a plasmarse sobre la mesa de alguna oficina de ética y cumplimiento. La tierra no es solamente un activo productivo, es la condición material de la dignidad humana de una persona, una familia, una comunidad.

Para los pueblos originarios, la tierra es mucho más que un espacio con recursos y biodiversidad. Se autodenominan, con razón, protectoras y protectores de “Madre Tierra”, porque ella les provee alimento, seguridad y amor, en ese orden y con esa intensidad. Reconocer esa relación tiene, además, un correlato medible en política pública ambiental. Cerca de 70 por ciento de los territorios indígenas del país coincide con zonas prioritarias para la conservación y 44 pueblos originarios habitan dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), donde actúan como aliados directos en el cuidado de los recursos naturales (CONANP, s.f.).

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), presentó este 6 de agosto el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con 18 estrategias y 66 líneas de acción orientadas, entre otras cosas, a fortalecer el papel de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos como propietarios sociales del territorio que resguardan (CONANP, 2026). Poner la tierra a nombre de quienes históricamente la han protegido, cuidado, resguardado y amado no es un mero gesto simbólico: es una estrategia de alto valor con un “rostro humano”, que pone en las manos correctas la conservación de nuestra riqueza natural, de nuestro patrimonio biocultural y nuestra sabiduría ancestral.

Una estrategia nacional que empieza a escuchar

Hemos de admitir que México comenzó a traducir este reconocimiento en política pública concreta desde la administración anterior con las acciones emprendidas en los Planes de Justicia y Desarrollo Regional. Particularmente, en 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del programa IMSS-Bienestar, incorporó formalmente a sus sistemas comunitarios de salud a miles de parteras tradicionales, junto con médicos tradicionales, hueseros, hierberos y curanderos que basan su práctica en el conocimiento ancestral (IMSS 2023). Para mayo de 2024, esa cifra ya superaba las 6,500 parteras reconocidas en 18 estados del país, con Chiapas a la cabeza (IMSS 2024).

Recientemente, el pasado mes de mayo, la Secretaría de Salud dio un paso más al instalar formalmente el Comité Nacional de Partería. En ese acto, se presentó la Estrategia Nacional de Partería 2026-2030, cuya meta es alcanzar al final de esta década, que una cuarta parte de los nacimientos en el país sean atendidos por parteras capacitadas y que la totalidad de las mujeres embarazadas ejerzan su derecho a un parto acompañado (Secretaría de Salud 2026). El plan contempla más de 5,000 nuevas plazas de partería en el sistema público, con reconocimiento explícito tanto a la partería profesional como a la tradicional.

Avances que hace una década parecían inalcanzables

Este andamiaje normativo se apoya sobre resultados que, no hace tanto tiempo, hubiesen parecido difíciles de imaginar. A inicios de este año, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reportó la operación de 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional que dan cobertura a 2,585 comunidades indígenas y 300 comunidades afromexicanas, en beneficio de 1.9 millones de personas. La pobreza en la población indígena, de acuerdo con el mismo Instituto, se redujo de 70.3 a 60.8 por ciento entre 2018 y 2024 (La Jornada 2026a). Sí, la brecha sigue siendo enorme y ninguna empresa debería leer esta cifra como una licencia para la complacencia, pero el rumbo, esta vez, apunta hacia la dignificación ancestral.

La Consulta a los Pueblos Indígenas que recorre hoy el país

Este reconocimiento a la partería mexicana, ocurre en paralelo a un ejercicio democrático sin precedentes en la historia constitucional mexicana. El pasado 22 de junio, representantes de los 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano recibieron el texto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (INPI 2026a). Días después, el 29 de junio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la Convocatoria del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), organizado conjuntamente por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el propio INPI, con acompañamiento del Poder Legislativo y observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (INPI 2026b).

Se estarán celebrando 82 asambleas regionales entre agosto y septiembre, justamente durante la conmemoración que hoy nos ocupa, para consultar a 16,728 comunidades sobre un texto que, por primera vez en la historia del país, será traducido a las 68 lenguas indígenas nacionales (INPI 2026b). ¡Ye niman! («Por fin» en náhuatl). Si el proceso concluye conforme a lo planeado, la ley será presentada ante la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

Empresas y derechos humanos a la luz del nuevo marco indígena

¿Qué significa todo esto para una empresa que opera, contrata o abastece su cadena de suministro en territorio indígena? Significa, antes que nada, que el marco jurídico bajo el que operan estas empresas está cambiando con rapidez. La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, vigente desde enero de 2022, ya reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y prohíbe cualquier acto que atente contra la integridad de su patrimonio cultural material e inmaterial (DOF 2022). Para las empresas de moda, diseño, gastronomía o cosmética que emplean bordados, patrones textiles, conocimientos herbolarios o denominaciones de origen indígenas sin consentimiento previo, esta ley dejó de ser una advertencia teórica: ¡Hoy un riesgo legal activo!

El riesgo no es solamente jurídico, las empresas que no consideran el impacto de sus operaciones sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas han enfrentado pérdidas financieras, daños reputacionales y cancelación de proyectos (BHRRC 2021). GeoPark perdió al menos 70.8 millones de dólares al abandonar un proyecto petrolero en la Amazonía peruana ante la oposición de las comunidades achuar y wampis (Amazon Watch 2020).

Estos riesgos no son ajenos a México ni lejanos en el tiempo. En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en junio de 2026, la colaboración entre Adidas y la empresa intermediaria, Someone Somewhere, para elaborar a mano playeras de edición especial de la Selección Mexicana bordados por más de 150 artesanas nahuas de Naupan, Puebla, se convirtió en un caso ampliamente denunciado por la posible explotación laboral y apropiación cultural. Las propias bordadoras y activistas señalaron pagos muy por debajo del salario mínimo, ausencia de seguridad social y el uso de técnicas ajenas a la tradición textil de la comunidad (La Jornada, 2026b; Proceso, 2026).

De forma similar, la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, “El Insurgente”, inaugurado en su totalidad hasta el pasado mes febrero de 2026, tras más de una década de retraso y un costo que casi se cuadruplicó, enfrentó numerosos amparos y bloqueos de ejidatarios y comuneros de la región, quienes exigían pagos justos por sus tierras y denunciaban daños ambientales (Dinero en Imagen 2026). Ambos casos ilustran lo que sucede cuando la relación con una comunidad se aborda como un trámite de última hora en lugar de como un proceso de diálogo y respeto planeado desde el origen del proyecto.

La futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, derivada de la reforma al artículo 2o. constitucional de septiembre de 2024, ampliará ese marco al establecer normas y mecanismos para garantizar de manera integral los derechos de los pueblos indígenas frente a terceros, incluidas las empresas por supuesto (INPI 2026a).

A ello se suman los instrumentos internacionales que México ya ha suscrito. Como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) que obliga a los Estados a proveer mecanismos de reparación justa y equitativa ante afectaciones ambientales, económicas, sociales, culturales o espirituales (ONU 2007). La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) reconoce la propiedad intelectual colectiva como patrimonio cultural (OEA 2016). El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales exige la consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que pueda afectarles. Y, finalmente, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, desde un enfoque de derechos humanos e interculturalidad, insta a los Estados a considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de toda política pública (CEPAL 2013).

Fotos: Instagram AdidasMX.

¿Cómo la debida diligencia en derechos humanos me transmitirá la sabiduría de la partería indígena?

Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) son el puente que conecta todos estos instrumentos con la operación diaria de una empresa. La Debida Diligencia en Derechos Humanos (DDDH) señala que la responsabilidad de respetar los derechos humanos exige evitar que las actividades, directas e indirectas, provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas y establece el hacer frente a ellas cuando ocurran, incluidas aquellas que afecten a comunidades y pueblos indígenas a lo largo de la cadena de proveeduría (Ruggie 2011).

La Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea (CSDDD) añade una capa de exigencia adicional para empresas con operación o cadena de suministro vinculada al mercado europeo, al establecer que deben mantener una colaboración constructiva con las partes interesadas consultadas, auditar de forma continua a sus proveedores y relaciones con terceros, al tiempo de recurrir al diálogo con defensores de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil cuando esa colaboración no sea posible de forma pacífica (PE y CdE 2024).

Para una empresa mexicana exportadora, esto se traduce en una tarea concreta, mapear el origen de cada insumo que provenga de territorio indígena, desde el algodón hasta el café, y verificar que su extracción o cultivo contó con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad correspondiente. Lejos de ser un recurso, un elemento administrativo o un inconveniente operativo, una vez más, las empresas tienen la oportunidad de fortalecer su legitimidad social y minimizar costos operativos socioambientales, financieros, reputacionales y de investigación, al incluir los saberes de nuestros pueblos originarios como aliados estratégicos.

Ninguno de estos instrumentos pide filantropía. Piden, con distintos niveles de exigencia legal, lo mismo que las abuelas indígenas han enseñado durante siglos. Que quien llega a un territorio: Primero escuche, después dialogue y, que solo entonces, actúe. Cuando una partera indígena recibe una nueva vida, no impone su propio ritmo, aprende a escuchar las pataditas y volteretas de quien está naciendo.

Las empresas que aprendan a hacer lo mismo con los territorios y comunidades donde operan descubrirán que el respeto irrestricto de sus derechos no es un costo, es la forma más antigua y más sabia de asegurar que haya futuro para todos. Adoptar un enfoque basado en el diálogo continuo y la participación efectiva permite a las empresas no solo mitigar riesgos, sino también construir relaciones de confianza, prevenir conflictos, generar valor y asegurar la sostenibilidad de las operaciones empresariales. Wokolawal, muchas gracias en tseltal, a las parteras y a los pueblos que durante siglos han sostenido la vida que hoy seguimos heredando.

¿Cómo Yáñez y Guzmán Consultores puede ayudarte?

Frente a un marco jurídico que se transforma con la misma velocidad con que las asambleas regionales de consulta indígena recorren el país y frente a un Reglamento europeo sobre el trabajo forzoso (EUFLR) que entrará en aplicación plena en diciembre de 2027 y exigirá evidencia de DDDH con creciente rigor a lo largo de toda la cadena de suministro, ninguna empresa puede permitirse abordar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como un asunto de relaciones públicas. Yáñez y Guzmán Consultores te acompaña precisamente en ese tránsito, de la buena intención declarada a la evidencia operativa verificable.

En materia de DDDH, ofrecemos:

• Diagnósticos de riesgo alineados con los PRNU, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y el Convenio 169 de la OIT, con atención particular a los procesos de consulta y participación de comunidades indígenas y afromexicanas afectadas por operaciones empresariales o proyectos de infraestructura;
• Evaluaciones de Impacto en los Derechos Humanos (HRIA, por sus siglas en inglés), junto con la generación de Planes de Acción Correctiva y Preventiva (CAPA);
• Diseño de estrategias y acompañamiento a procesos de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y
• Reportes de resultados que constituyen la evidencia de presupuesto ejercido e impacto medible que las autoridades mexicanas y europeas exigirán con creciente frecuencia rumbo a 2030.

Para las empresas que necesitan un primer diagnóstico ágil antes de emprender un proceso de diligencia debida más profundo, Yáñez y Guzmán Consultores desarrolló el Ecosistema Blindaje Laboral, un conjunto de diagnósticos interactivos basados en los criterios reales de la Inspección Federal del Trabajo que entregan, en quince minutos, un reporte con recomendaciones priorizadas sobre condiciones generales de trabajo, capacitación, seguridad y salud en el trabajo y trabajo digno.

Asegurémonos que el siguiente titular sobre explotación cultural o despojo de tierras indígenas no lleve el nombre de tu empresa y, en cambio, se relacione a tu marca con la historia de una alianza, respeto y reconocimiento que sí funcionó.

Esa diferencia no la decide la suerte, la decide el aceptar que los tiempos están cambiado y que la DDDH, está ahí aguardando a que decidamos construir un camino de prevención centrado en la dignidad de las personas; antes de que cualquier autoridad, consumidor o comunidad venga a exigir el cumplimiento de una ley escrita o moral. Esta mirada corporativa es un puente hacia la construcción de una economía más justa, más sostenible, más consciente, más sabia.

Bats’i okol aval xchi’uk lekil ko’p a vo’ onton

(Muchas gracias y buenos deseos desde el corazón en Tsotsil)

El momento de actuar no es después de la crisis: ¡Es antes, es ahora!

Agenda tu diagnóstico con Yáñez y Guzmán Consultores. Escribe a yanezyguzman@gmail.com, visita yanezyguzman.com.mx o llama al 56 32 55 76 63.

Referencias

• Amazon Watch. 2020. “GeoPark Abandons Oil Project in Peruvian Amazon Following Indigenous Resistance.”
• Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC). 2021. Indigenous Peoples’ Rights and Business, Emerging Trends.
• CEPAL. 2013. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Versión accesible. Santiago: CEPAL.
• CEPAL. 2026. “Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2026, Reconociendo la Partería Indígena, salvaguardando la vida y el bienestar.” 7 de agosto de 2026.
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). s.f. “Los pueblos indígenas en las Áreas Naturales Protegidas.”
• CONANP. 2026. “Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030”. https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-nacional-de-areas-naturales-protegidas-2026-2030    
• Diario Oficial de la Federación (DOF). 2022. Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 17 de enero de 2022.
• Dinero en Imagen. 2026. “Tren Interurbano México-Toluca, recorrido, horarios y costo de ‘El Insurgente’.” 28 de enero de 2026.
• European Parliament and Council of the European Union (PE y CdE). 2024. Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on Corporate Sustainability Due Diligence. Official Journal of the European Union L 2024/1760.
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 2023. “Atención médica y acción comunitaria, binomio que fortalece y promueve la medicina tradicional.” 14 de marzo de 2023.
• IMSS. 2024. “IMSS reconoce labor de 6 mil 527 parteras tradicionales en comunidades vulnerables de 18 estados.” 7 de mayo de 2024.
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 2023. Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. México: INALI.
• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 2026a. “El CNPI aprueba la Propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y define ruta para la consulta nacional.” 22 de junio de 2026.
•  INPI. 2026b. “La Presidenta de México firma convocatoria para consulta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.” 29 de junio de 2026.
• La Jornada. 2026a. “Transferencias y Planes de Justicia reducen pobreza indígena en México, resalta INPI.” 7 de enero de 2026.
• La Jornada. 2026b. “Adidas enfrenta críticas por pago a artesanas de Puebla que bordaron camisetas de colección del Mundial.” 8 de junio de 2026.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2007. Resolución 61/295, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York: Asamblea General.
• Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Desarrollo Social Inclusivo (ONU DESA). 2026. “International Day of the World’s Indigenous Peoples 2026.”
• Organización de los Estados Americanos (OEA). 2016. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Washington D.C.: OEA.
• Organización Internacional del Trabajo (OIT). 1989. Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ginebra: OIT
• Proceso. 2026. “Denuncian abuso laboral y atropello a la cultura indígena en colección de Adidas para la Selección”. 17 de mayo de 2026.
• Ruggie, J. 2011. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, A/HRC/17/31. Ginebra: ONU.
• Secretaría de Cultura del Gobierno de México. 2026. “‘Li Cham’, un documental de resiliencia, derechos de las mujeres y la transformación social desde una mirada íntima.”
• Secretaría de Salud. 2026. “098. Instala Secretaría de Salud el Comité Nacional de Partería para fortalecer la atención del embarazo y el parto en México.” 6 de mayo de 2026.